Redacción de El País
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Persiste tensión en las universidades por proyecto de reforma a la Ley 30
22 instituciones de educación superior del país están en paro. En Univalle no hay clases.
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Al menos tres mil personas, integrantes de la comunidad académica de universidades públicas y privadas, marcharon por varios sectores de Cali. La movilización culminó hacia la 1:30 p.m. en el Parque de Las Banderas.
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Las universidades públicas y algunas privadas se sumaron a una marcha común para protestar contra la reforma a la educación superior. En Bogotá los estudiantes marcharon pacíficamente.
Dato clave
Policía retenido
- En la tarde de ayer un grupo de estudiantes de la Universidad Santiago de Cali entregó a un policía de inteligencia que fue retenido por ellos tras haber sido descubierto tomando fotos y recogiendo datos, de manera encubierta, en una asamblea en dicho plantel educativo.
- El agente, que permaneció casi siete horas retenido, fue entregado a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Cali.
- Se trató del investigador Víctor Alfonso Rojas, de 25 años.
- Al patrullero se le encontraron el carné de la Policía y una libreta con el recorrido de la marcha realizada este miércoles, dijo un líder estudiantil.
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Paro. 200 estudiantes de la Universidad del Valle viajarán mañana a Bogotá para participar de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. En ella se definirá si continuará o no el cese de actividades en la institución.
Archivo / El País
Con el paro Coindefinido que se vive en la Universidad del Valle, la Universidad Nacional sede Palmira y el cese intermitente de actividades en la Universidad Santiago de Cali, el panorama frente a la reforma a la Ley 30 se mantiene en tensa calma.
Como estas, otras 22 universidades públicas y privadas se encuentran en paro en todo el país por cuenta de una serie de reparos que tienen docentes y estudiantes frente al proyecto de reforma que lidera el Ministerio de Educación.
Financiación, cobertura, calidad educativa, autonomía, entre otras, son los puntos polémicos en torno a los que se han concentrado las últimas movilizaciones estudiantiles, cuya más reciente muestra tuvo lugar el pasado miércoles.
En Cali, la comunidad estudiantil asegura que se mantiene firme en no sentarse en mesas de concertación propuestas por el Gobierno Nacional hasta tanto se caiga el proyecto de reforma que ya está en curso en el Congreso de la República.
El País explica los puntos de divergencia en torno a la polémica Ley 30 de educación.
Recursos: ¿Pocos o suficientes?
Del 2012 al 2014, el Gobierno espera invertir $600.000 millones adicionales a las instituciones de Educación Superior, es decir, 3% más del índice de la inflación. En los próximos 10 años (2012-2022) la inversión estimada por la reforma será de $6.4 billones. Aunque reconocen estudiantes y organizaciones que hay voluntad para aportar recursos, aseguran que no son suficientes.
“Las universidades tienen un déficit de $700 mil millones. Con esto vamos a seguir en el tema estructural de siempre”, dijo el líder universitario Luis Potosí.
La propuesta es que el aumento de recursos para la Educación Superior se haga con base en la canasta de costos universitarios porque “hoy en día hay costos muy altos que superan la inflación y que necesitamos para garantizar calidad”, dijo Bernardo Rivera, Director Ejecutivo de Ascun.
Sobre las tipologías
Las instituciones que conforman el actual sistema de Educación Superior en Colombia (instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y universidades) perderían su jerarquización, según los explicó Danilo Vivas, presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE.
En ese sentido, la reforma plantea que todas las instituciones podrán brindar programas de pregrado y posgrado. “Eso significa que una institución técnica ya puede abrir especializaciones y maestrías.
Entonces todo el mundo se volcaría a los programas profesionales dejando olvidados los técnicos y tecnológicos, que son los mismos que propone estimular el Gobierno Nacional con la reforma”, explicó Bernardo Rivera, Director Ejecutivo de Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, añadiendo que esto pondría en riesgo la calidad de la educación superior en el país.
Autonomía de las instituciones
En la reforma a la Ley 30 se declara autónomas a todas las instituciones de Educación Superior (institución técnica, tecnológica o universitaria). “Esto podría generar un detrimento a la calidad educativa”. Ese es el argumento que Danilo Vivas, Presidente de la SUE, presenta para rechazar esta declaratoria. “Esto le daría a dichas instituciones capacidad para desarrollar su gobernabilidad y su sistema financiero.
Hay riesgo de que se dejen llevar por el mercado y ofrezcan programas de menor calidad, como se hace en las ‘universidades de garaje’”, explicó. La gobernabilidad estudiantil también quiere reformarse. Luis Fernando Potosí, líder de Univalle, explicó que “no podemos seguir con un Consejo Superior donde seis de los nueve miembros son externos a las universidades. Queremos elegir rector con democracia.”
Cobertura y calidad para el futuro
Pasar de 37% a 50% en la cobertura de Educación Superior es lo que busca el Ministerio de Educación con el proyecto de reforma, beneficiando a la población vulnerable. Sin embargo, hay quienes creen que los recursos que se están trasladando para las instituciones no alcanzarán para ese fin.
Representantes estudiantiles aseguran que querer alcanzar esa meta con los recursos que hoy ofrece la reforma sacrificará la calidad de la educación. “En la Universidad del Valle se ampliaron cupos en los últimos años, pero el problema es que son más estudiantes que atender con el mismo presupuesto”, dijo el representante de los estudiantes de esta institución, Luis Potosí.
“Para brindar calidad hay que tener recursos, sino se verán reflejados en alzas en la matrícula”, sentenció Bernardo Rivera, de Ascun.
Instituciones con o sin ánimo de lucro
En el proyecto de reforma de la Ley 30 el Gobierno Nacional planteó, en primera instancia, la creación de entidades con ánimo de lucro dentro de la Educación Superior. Ante el malestar que generó entre la comunidad tal propuesta, la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, manifestó que se eliminó dicho componente de la nueva propuesta de ley.
Sin embargo, en el nuevo documento de reforma se contempla la creación de entidades de carácter mixto. Lo que inquieta a los estudiantes y rectores de las universidades públicas es la intención de este planteamiento de introducir capital privado, que según ellos parece conservarse.
“Si es un mecanismo para que el Estado evada su responsabilidad, no la vamos a aceptar”, dijo Bernardo Rivera, Director Ejecutivo de Asociación Colombiana de Universidades, Ascun. Lideres universitarios dicen que con esto, la permanencia de programas educativos dependerán de la rentabilidad de las inversiones privadas.
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